La justicia federal argentina continúa su avance en una de las investigaciones más resonantes de los últimos años, centrada en presuntas irregularidades económicas vinculadas a la gestión de ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La fiscalía y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sostienen que gran parte de los fondos recaudados fuera del país habría sido canalizada fuera del circuito contable argentino, a través de un entramado de sociedades y mecanismos supuestamente irregulares. Según surge de la documentación secuestrada y de los peritajes preliminares, entre 2021 y 2025 TourProdEnter habría manejado ingresos internacionales por cerca de 300 millones de dólares, de los cuales apenas una pequeña proporción — estimada en torno al 5% — habría sido efectivamente transferida a las cuentas de la AFA conforme al contrato original que establecía una comisión del 30% para la intermediaria. En paralelo, se identificaron pagos y operaciones millonarias a otras sociedades registradas en Estados Unidos, muchas de ellas sin actividad económica visible, que generan sospechas de que funcionaron como instrumentos para desviar fondos fuera del circuito bancario legal. El objetivo es determinar si existió una estructura destinada a canalizar recursos a través de sociedades offshore y si hubo delitos como lavado de activos, administración fraudulenta o defraudación en perjuicio de la entidad deportiva y de sus asociados. La causa ya tuvo hitos previos: a fines de diciembre la justicia ordenó la prohibición de salida del país de Faroni tras un intento de embarcarse en un vuelo privado hacia Uruguay, medidas de levantamiento de secretos bancarios y fiscales, y el hallazgo de contratos y documentación clave que vinculan a la AFA con empresas constituidas en Estados Unidos bajo criterios que las autoridades judiciales califican de “irregulares o carecer de respaldo económico verificable”. La causa AFA ha generado una ola de repercusiones en ámbitos deportivos, judiciales y políticos, y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos de uno de los organismos más importantes del deporte argentino. Este viernes por la mañana el empresario y exdiputado bonaerense Javier Faroni y su esposa Érica Gillette se presentaron de manera espontánea ante el juez federal Luis Armella en el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, antes de la citación formal prevista, para ponerse a derecho en la causa que indaga sobre un presunto circuito ilegal de dinero a partir de contratos celebrados entre la AFA y empresas intermediarias en el exterior. La investigación — de alta complejidad técnica y económica — gira en torno al contrato por el cual la compañía estadounidense TourProdEnter LLC, administrada por Faroni y Gillette, actuó como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de derechos de transmisión, patrocinio y otros ingresos externos desde 2021. La fiscalía solicitó ampliar la pesquisa para incluir a otras personas físicas y jurídicas que habrían actuado como intermediarios financieros, algunas con vínculos con directivos de la AFA y personas del entorno político y empresarial. A medida que la investigación avance, las autoridades judiciales buscan aclarar el destino final de los recursos cuestionados y precisar responsabilidades individuales en un posible esquema de maniobras financieras internacionales fuera de las normas vigentes. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajó a Estados Unidos para intercambiar datos y requerir documentación a organismos como FinCEN, en un esfuerzo por consolidar la investigación sobre sociedades registradas en distintos estados norteamericanos y movimientos financieros sospechosos. El juez Armella, al frente de la causa, también ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y a la AFA, además de levantar el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de los involucrados para reconstruir el flujo de dinero. Hasta el momento Faroni y Gillette no realizaron declaración indagatoria ni se les imputó formalmente delitos concretos, aunque la causa continúa su curso y podría derivar en nuevas citaciones a indagatoria o medidas cautelares conforme se acumulen más pruebas. La investigación también alcanzó otras aristas del entramado económico bajo sospecha.
